El Perú es el cuarto país más grande en América Latina. En términos de población, el 54% de la población vive en la Costa, 32% en la Sierra y 13,4% en la Selva. El nivel de pobreza afecta al 53% de los pobladores rurales, cifra altísima si se la compara con la pobreza urbana, que afecta al 16,6% de la población.

Con relación al desarrollo agrario y rural, los resultados del último Censo Agrario (2012) nos indican que el Perú es un país principalmente agropecuario, pues el 30,1% de su territorio (38,7 millones de hectáreas) está dedicado al agro y a la crianza de diversos animales domésticos, los cuales están divididos en 2,292,772 Unidades Agropecuarias, siendo el tamaño promedio de la Unidad Agropecuaria de 2,3 hectáreas. El 64% de las unidades se concentraron en la sierra, seguido por la selva (20%) y la costa (16%).

La mayor parte de las actividades productivas se realizan en condiciones precarias, en tanto el 42% de las tierras cultivables no son trabajadas y el 63% son tierras de secano. Adicionalmente, el censo señalado indica que el 90% de los agricultores no recibe asistencia técnica y el 92% no accede a líneas de crédito.

El Estado en los dos últimos años ha dado una serie de medidas a fin de afirmar un modelo peruano de crecimiento con estabilidad democracia e inclusión social, que busca mantener y consolidar un crecimiento de la economía y la definición de reglas fiscales para afrontar eventuales crisis externas o desastres naturales. En este marco, se creó el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social (MIDIS), como órgano rector de las políticas públicas del Estado destinadas a reducir la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos sociales. Diversos elementos de juicio sugieren que se puede mejorar la efectividad de los programas de alivio a la pobreza, aplicando estrategias que promuevan el crecimiento rural integrador que aumente los recursos de la población rural, mejore el acceso a los mercados y a los servicios básicos e infraestructura.

Con relación al sector agropecuario, el Gobierno, promulgó la ley No 30048 que modifica el Decreto Legislativo 997, que aprueba la Ley de organización y Funciones del Ministerio de Agricultura que pasa a denominarse Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), y se crean dos viceministerios Políticas Agrarias y de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, éste último, encargado de gestionar, administrar y ejecutar los programas y proyectos del nuevo MINAGRI, del cual, dependerá AGRO RURAL.

En la línea de innovaciones, una estrategia importante para el desarrollo rural, además de brindar la mejora en la prestación y calidad de los servicios, es dinamizar mercados locales cercanos a poblaciones pobres, lo que se ha venido llamando desarrollo de ciudades intermedias y también corredores económicos. En todos estos casos, naturalmente, es importante que las inversiones cuiden los aspectos ambientales, culturales y sociales de las zonas donde operan, para impulsar su desarrollo.

Es por ello que el Gobierno del Perú, a inicios del año 2009, solicitó al FIDA que llevara a cabo la formulación de una nueva operación basada en sus anteriores experiencias exitosas de proyectos de reducción de la pobreza.

Luego de diversas misiones y coordinaciones con representantes del Gobierno y con representantes de organismos donantes, el FIDA con el Ministerio de Agricultura y Riego, prepararon el proyecto “Fortalecimiento del Desarrollo Local en áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú” a fin de poner en práctica el escalonamiento de una serie de innovaciones introducidas en Perú, lográndose finalmente, la declaración de viabilidad del proyecto, otorgada por la Dirección General de Políticas de Inversiones (DGPI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el 22 de marzo del 2012.

El proyecto, considera el Marco Estratégico de Asistencia para el Desarrollo del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú (2012-2016), las estrategias de Desarrollo Rural promovidas por el FIDA en el Perú, así como al documento sobre oportunidades estratégicas nacionales (abril 2002).

La estrategia del FIDA apunta a incrementar los capitales en poder de la población pobre rural y el acceso a los servicios, fortaleciendo el desarrollo de mercados locales de servicios y la capacidad de los beneficiarios para contratar directamente los mismos, fomentando a los proveedores de servicios, privados o públicos, promoviendo vínculos entre los campesinos, los artesanos y los microempresarios, el eslabonamiento urbano-rural, la descentralización de las decisiones y la participación directa de los beneficiarios en las decisiones sobre el uso de los recursos, incluidos los monetarios. En el documento sobre oportunidades estratégicas nacionales se propone la promoción de una estrategia de reducción de la pobreza basada en el aumento de los activos y los ingresos de la población rural pobre, aumento al acceso de servicios, desarrollo de mercados, acceso a la información y en la aplicación de medidas normativas y reformas institucionales.

Las principales organizaciones vinculadas al proyecto son:

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) a través de AGRO RURAL, Programa que es a su vez Organismo Responsable de proyectos similares absorbidos y fusionados como ALIADOS, SIERRA NORTE, SIERRA SUR II, adicionalmente se vincula a los otros órganos sectoriales como el INIA,

SENASA, Oficina General de Planificación Agraria, etc.

Los Gobiernos Locales y Regionales, que en el marco del proceso de descentralización vienen asumiendo progresivamente nuevas responsabilidades para la promoción del desarrollo rural.

Algunas de las atribuciones de las administraciones regionales son los servicios sociales, la infraestructura, el fomento de la inversión pública y privada, y la creación de empleo. Estas administraciones sub nacionales se han hecho cargo de las responsabilidades que anteriormente estaban asignadas a los ministerios del gobierno central, como el MINAGRI. La ley sobre la administración municipal asigna a las administraciones locales la responsabilidad de promover el desarrollo local y territorial y algunas actividades encaminadas a mejorar la seguridad alimentaria y la planificación. Para alcanzar sus objetivos, las administraciones locales y regionales engloban en sus estructuras organizativas nuevas esferas dedicadas al desarrollo económico y social, la infraestructura y el manejo ambiental y de los recursos naturales. Las municipalidades del territorio encajan en la categoría de las denominadas “municipalidades rurales”, con roles e instrumentos de gestión nuevos de los que no han logrado aún apropiarse, encontrándose en tránsito para pasar de una modalidad de gestión tradicional a una que contribuya a una buena gobernanza, sobre todo presupuestaria.